El mayor crimen que un estado puede cometer contra
sus propios ciudadanos es la aplicación de la pena de muerte. Es un asesinato que por ley queda impune. Es un
acto terrorífico y humillante, donde el reo, ya sin derecho a la vida, tiene que
someterse al último acto legal que le han reservado, al capricho de una
sociedad vengativa.
Podemos celebrar que en nuestro país la pena de muerte fue abolida. Al menos no
hay ya ley que permita aplicarla, porque, en cambio, sí existe un porcentaje
demasiado alto de personas que estarían dispuestas a restablecer tan horrible
castigo. Según los sondeos, oscila sobre el 20% de los españoles, influyendo
para mal si en esos momentos se ha producido algún crimen mediático.
Y no todos sus detractores lo son plenamente.
Algunos solo la niegan porque entienden que la Justicia comete errores y privar de vida a un inocente es un daño
irreparable, olvidando que enjaular a una persona de por vida no deja de ser
una forma de tortura. Y otros, contradiciéndose, la rechazan, sí, pero en el
caso de un dictador o un terrorista, la aceptarían como mal menor. Con ello, lo
único que hacen es restringir el número de motivos legales para asesinar a una
persona, pero no impedir su práctica.
Si uno está en contra de la pena de muerte ha de estarlo en todos, absolutamente todos los
casos. Lo contrario empieza por tolerarla, pasa por aceptarla y acaba por
aplicarla.
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