Las ONG

La grieta que separa al Estado de sus ciudadanos se manifiesta de la manera más paradójica con la existencia de las ONG. Teóricamente los estados democráticos desarrollados recaudan impuestos, entre otros fines, para una redistribución más equitativa de la riqueza, transmitir ayudas y subvenciones a los más desfavorecidos, así como potenciar los servicios imprescindibles, es decir, sanidad y educación. Para ello cuentan con todas las infraestructuras reguladas desde los propios ministerios.

Por eso, la proliferación de iniciativas privadas sin ánimo de lucro con propósitos claramente filántropos o ecologistas, conocidas como ONG, no acaba de ser una buena señal. Por un lado se confirma que los presupuestos estatales no cubren ni de cerca todas esas exigencias y por el otro se comprueba que los ciudadanos consideran insuficientes sus obligaciones tributarias contribuyendo económicamente con las ONG de forma voluntaria. Como resultado tenemos que los estados financian a las ONG y las ONG se nutren principalmente de los estados.

Eso sí, estas ONG, para poder ser efectivas y responder en todos sus frentes, tienen que crear unas infraestructuras con locales, sedes y personal y programar reuniones y cumbres donde se marquen las directrices de actuación. En definitiva, replican organigramas tan costosos como los ministerios y con ello con sus mismas limitaciones.

Entonces, ¿por qué debemos sostener un doble entramado institucional que comparte parecidos objetivos? Algo importante falla.